El Gobierno de transición de Burkina Faso aprobó ayer jueves, 29 de enero, un decreto que ordena la disolución de todos los partidos y formaciones políticas del país, una medida que, según el Ejecutivo, busca “allanar el camino para una reforma del sistema de gobernanza política” y fortalecer la unidad nacional.

La decisión fue adoptada durante una sesión del Consejo de Ministros presidida por el jefe de Estado, Ibrahim Traoré, en la que se aprobaron varios decretos “para el buen funcionamiento de la nación y la mejora de las condiciones de vida del pueblo burkinés”, de acuerdo con un comunicado difundido por el Servicio de Información del Gobierno.

El ministro de Estado, Émile Zerbo, explicó quela disolución de los partidos es el resultado de un “análisis exhaustivo del sistema de partidos”, el cual habría revelado “numerosos abusos en la aplicación del marco legal” que regula a las formaciones políticas. Las autoridades sostienen que la proliferación de partidos ha fomentado la división ciudadana y debilitado el tejido social del país.

“Esta medida busca preservar la unidad nacional, fortalecer la coherencia de la acción gubernamental y preparar el terreno para una reforma profunda del sistema de gobernanza política”, subrayó Zerbo.

En la misma reunión, el Consejo de Ministros aprobó un ambicioso Plan de Recuperación para el periodo 2026-2030, valorado en 36 billones de francos CFA. Este plan se articula en cuatro pilares fundamentales: la consolidación de la seguridad, la cohesión social y la paz; la reforma del Estado y la mejora de la gobernanza; el desarrollo del capital humano; y la expansión de las infraestructuras junto con la transformación estructural de la economía.

Con la puesta en marcha de este programa, el Gobierno aspira a alcanzar objetivos como la recuperación total del territorio nacional, la reducción de la pobreza del 42 % al 35 %, el aumento de la esperanza de vida de 61 a 68 años, y la triplicación de la capacidad energética del país.

Burkina Faso está gobernado desde 2022 por una junta militar encabezada por Ibrahim Traoré. Desde 2015, el país ha sufrido un notable deterioro de la seguridad debido a los ataques de grupos armados vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico, una situación que ha intensificado la violencia intercomunitaria y propiciado la aparición de grupos de autodefensa, a los que el Gobierno ha incorporado como “voluntarios” en su estrategia de seguridad.