‎El reincidente, beneficiario del indulto presidencial de junio de 2025, ingresará de nuevo en prisión tras romper su promesa a no reincidir en actos vandálicos.

Por: Andrés Ondó Etogo Oye 

‎El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Añisok ha ordenado la privación de libertad de Salvador Nguema Eyegue Nchama, quien fue detenido el pasado 24 de enero en el Consejo de Poblado de Mbet-Onvang (Añisok), tras saquear la vivienda rural de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, aprovechando la ausencia del hogareño y llevando consigo todo lo que encontró a su paso: máquinas lavadoras, ordenadores portátiles, televisores plasmas, colchones, carretillas, platos, etc. 

‎El reincidente, que había recuperado la libertad gracias a un indulto presidencial concedido el 4 de junio de 2025, firmando 'motu propio' una declaración jurada comprometiéndose a no reincidir en los mismos actos, al menos, durante los próximos tres años; sin embargo, Nguema Eyegue Nchama fue arrestado y vuelve a enfrentarse a la justicia por un delito tipificado y penado en el artículo 549 y siguientes de la Ley nº 4/2022 de fecha 17 de agosto, por la que se aprueba el  Código Penal de la República de Guinea Ecuatorial. 

‎El Juez de Primera Instancia e Instrucción de Añisok, Leandro Mba Engonga Mangue, subraya que la adopción de esta medida inmediata es para reducir la tasa de delitos, disipar la comisión de nuevos delitos en su jurisdicción y lanzar un mensaje claro y contundente especialmente a los indultados y reincidentes; a la firmeza de la justicia frente a la delincuencia, advirtiendo que de ahora en adelante, las sanciones serán más severas para quienes incumplan los compromisos asumidos en el reciente indulto presidencial.

‎El caso plantea un reto para las autoridades judiciales del país, si bien,  mientras los indultos se presentan como un instrumento de reconciliación y humanidad hacia los reclusos, situaciones de reincidencia como la de Salvador Nguema Eyegue Nchama, reavivan las dudas sobre los mecanismos de seguimiento y el impacto real de estas medidas en la seguridad ciudadana. 

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‎Fuente: Corte Suprema de Justicia