La magistrada instructora ha inciado el sumario ordinario número 17/2026 en el marco de una investigación por presuntos delitos de explotación sexual, violación, pornografía infantil y acoso sexual, acordando prisión preventiva para siete de los diez imputados, según se desprende del auto judicial.

Por: José Alfonso Ondo Ondo Mayíe 

La resolución señala que, tras la exploración a puerta cerrada de las menores y el análisis preliminar de los indicios recabados, concurren elementos suficientes para adoptar medidas cautelares de carácter privativo de libertad en los casos considerados de mayor gravedad.

• Deseado Custodio Teache Motove, imputado por presuntos delitos de explotación sexual, violación y pornografía infantil.

•  Félix Obama Obama Ndoho, acusado de supuesta violación y pornografía infantil.

• Calixto Esono Edjang, formalmente acusado de presunto delito de violación.

• Ángel Francisco Abeso Ndong, Manuel Batapa Mum, Juan Luís Eka Edu y Pascual Pecho Saya, imputados por presunto delito de explotación sexual.

Según el auto, los hechos investigados estarían relacionados con la presunta creación, gestión o utilización de grupos de mensajería instantánea, concretamente en la plataforma WhatsApp, que habrían sido utilizados para facilitar la explotación sexual de menores. La magistrada considera que los hechos descritos podrían encajar jurídicamente en los tipos penales señalados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

Por otro lado, el juzgado ha acordado la libertad provisional para:

• Ireneo Nguema Moyo, imputado por presunto delito de acoso sexual, al tratarse de un ilícito cuya pena no implica necesariamente prisión preventiva.

• José Antonio Edjang Ondo Andeme, imputado por presunta violación, al no haberse acreditado en esta fase la consumación del delito, según consta en la declaración de la menor.

• Marcelo Micha Ndong Bengono, también imputado por presunta violación, debido a la existencia de una enfermedad grave que ha sido valorada por el tribunal a efectos cautelares.

A estos tres se les han impuesto medidas restrictivas consistentes en la comparecencia obligatoria ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la retirada de pasaportes.

Con la incoación del sumario se inicia formalmente la fase de instrucción, durante la cual se practicarán diligencias adicionales —declaraciones, análisis de dispositivos electrónicos y otras pruebas— con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Las defensas han sido notificadas de la resolución judicial y cuentan con un plazo de tres días para interponer recurso contra el auto de incoación del sumario y las medidas cautelares acordadas. El proceso continúa bajo secreto parcial de actuaciones, dada la naturaleza de los delitos investigados y la protección de las menores implicadas.