El Fiscal General de la República, Anatolio Nzang Nguema, ha revelado nuevos detalles sobre el proceso judicial que investiga presuntos actos de corrupción en torno al contrato firmado entre el Gobierno de Guinea Ecuatorial y la empresa Wayang Teknical, dentro del denominado caso TDT.

Por: José Alfonso Ondo Ondo Mayíe 

Durante una rueda de prensa el pasado martes, 21 de octubre, Anatolio Nzang Nguema confirmó que varios funcionarios habrían recibido sobornos superiores a los 3.000 millones de francos CFA, procedentes de la empresa adjudicataria del proyecto de Televisión Digital Terrestre (TDT) en el país.

El contrato original, rubricado el 14 de septiembre de 2017, contemplaba un monto de 22.076.577.900 F.CFA por un período de tres años, destinado al suministro de materiales, digitalización de la emisión televisiva y formación del personal técnico. Sin embargo, dicho acuerdo fue modificado mediante un adendum, fechado el 8 de julio de 2020, que redujo el presupuesto a 20.310.451.668 F.CFA, tras una renegociación con el Ejecutivo.

Según explicó el Fiscal General, las investigaciones detectaron inflaciones deliberadas de precios en la presupuestación del proyecto, con notables discrepancias entre las cantidades declaradas y la calidad real de los materiales instalados. El contrato abarcaba la ejecución de trabajos en 12 unidades administrativas, entre ellas TVGE Malabo, Pico Basilé, TVGE Bata, Monte Duba, Akonibe, Añisok, Cogo, Ebibeyin, Evinayong, Mbini, Micomeseng, Mongomo, Nkue y Niefang.

Nzang Nguema añadió que Wayang Teknical no figura en el registro de empresas especializadas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), lo que pone en duda su idoneidad técnica para llevar a cabo el proyecto.

Asimismo, la investigación constató que la misma empresa se encargó de presupuestar, ejecutar y certificar los trabajos, en contravención de la cláusula cuarta del adendum, que exigía la supervisión de una entidad independiente o acreditada por la UIT.

El Ministerio Fiscal mantiene abierta la investigación y ha advertido que las responsabilidades penales se determinarán conforme avancen las diligencias, sin descartar nuevas imputaciones contra funcionarios y colaboradores implicados.

Con este nuevo pronunciamiento, la Fiscalía reafirma su compromiso en la lucha contra la corrupción en la Administración Pública, en un caso que podría convertirse en uno de los más relevantes de los últimos años en materia de gestión de fondos públicos.