El Juzgado de Instrucción número 1 de Malabo tramita una querella criminal por presunta estafa y apropiación indebida en perjuicio de la empresa Sociedad Nacional de Vigilancia (SONAVI), en un caso que involucra a su exabogado, José Nzeng Akogo Nchama; al fiscal de la Gendarmería, Diosdado Adjibi; y a Celestino Mba Nguema, quien se presentó como representante de exempleados de una subcontrata de vigilancia.

Por: José Alfonso Ondo 

El expediente se centra en la entrega de 61 millones de Francos Cefa: 13 millones destinados a trabajadores de la empresa ARAMAR y 48 millones a los de MOBIL. Según la querella, el exabogado convenció al presidente del Consejo de Administración de SONAVI de entregar el dinero en efectivo, bajo la instrucción de canalizarlo legalmente a través de la Magistratura de Trabajo.

Sin embargo —dice el escrito— los pagos se efectuaron directamente. Nzeng habría entregado 13 millones a Celestino Mba, pese a que éste carecía de acreditación jurídica, y además habría exigido una prima de 4 millones de Francos Cefa por la gestión. La operación se habría realizado en presencia del fiscal de la Gendarmería, lo que ha generado dudas sobre la competencia de dicha autoridad para intervenir en un proceso de naturaleza laboral.

Las investigaciones revelan que solo cinco de los 71 exempleados de SONAVI autorizaron la gestión y varios aseguran no haber recibido los pagos prometidos. Mientras Nzeng sostiene haber devuelto parte de la prima, los registros oficiales muestran discrepancias sobre el destino final de los fondos.

Actualmente, Nzeng y Mba permanecen retenidos provisionalmente, tras prestar nuevas declaraciones ante el juez instructor. SONAVI, a través de su abogado, exige la devolución de los 13 millones correspondientes a ARAMAR, mientras que el expediente relativo a los 48 millones de MOBIL sigue abierto.

El caso ha suscitado preocupación en la comunidad jurídica, al poner en entredicho los límites de las competencias judiciales y fiscales en Guinea Ecuatorial y abrir un debate sobre la transparencia en la gestión de conflictos laborales.

Fuente: RREG